A propósito de las discusiones generadas
a partir del 12 de octubre y la politización de las nominaciones atribuidas a
esta fecha, se hace necesaria la reflexión sobre algunos elementos. La idea del
mestizaje en América Latina y más específicamente en nuestro país se introdujo
y constituyó como un instrumento invisibilizador del extermino genocida
ejercido por los europeos en contra de las civilizaciones de nuestra América.
Si bien es cierto que nuestra población
se constituye de mestizos (vale acotar que fundamentalmente en los sectores más
desposeídos, pues sin duda las auto reconocidas como élites se han cuidado lo
suficiente de manchar “su pureza racial”) éste es y fue un mestizaje violento,
violentado y violentador; específicamente violentador de las mujeres, indígenas
y africanas constituidas en objeto de placer del hombre blanco colonizador.
El 12 de octubre de 1492 se constituye
como el momento histórico clave en el cual podemos reconocer el inicio de la
expoliación de nuestros recursos, el desplazamiento de nuestras culturas
originarias y de la aún ejercida violencia contra nuestros pueblos, pero más
aún hacia nuestras mujeres, las cuales continúan arrastrando la secuelas de esa
violencia, al seguir siendo las mujeres indígenas y afrodescendientes las más
excluidas y violentadas.
Si bien en éstas denominadas sociedades
“modernas”, la discriminación exclusión, subordinación y violencia, ha
proliferado y extendido, manifestándose en diversas formas, no solo en favores
sexuales obtenidos a través de la intimidación, la fuerza y el irrespeto a la
voluntad, sino por el contrario en su materialización en prácticas
socioculturales y políticas que marginalizaron y profundizaron las precarias y
deshumanizantes condiciones de existencia de la mujer, comprendida y definida
como diferente e inferior por el colono hombre, blanco, heterosexual, poseedor
de riquezas y cristiano.
Es por ello que la pobreza y la
inequidad tienen nombre de mujer, para ser más específica, de mujer indígena y
de mujer afrodescendiente. En todas las sociedades en donde impera la pobreza,
sus mayores exponentes son las mujeres, sin embargo esta pobreza feminizada ha
de tener como agravante indudablemente su pertenencia étnica-racial. Si a esto
añadimos y reconocemos a las mujeres afrodescendientes e indígenas sexo
diversas (lesbianas, bisexuales, transexuales) y obreras, las posibilidades de
emancipación, participación y decisión habrán de verse más constrictas.
En el caso de los derechos sexuales y
reproductivos, por mencionar una de las tantas aristas de la discriminación,
las mujeres indígenas y afrodescendientes tienen mayor riesgo de morir producto
del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, al haberse constituido éste
en privilegio exclusivo de los grupos dominantes, es decir de aquellas mujeres
blancas o eurodescendientes con acceso a los recursos económicos.
No basta entonces para erradicar el
racismo y la desigualdad por razones de género con el reconocimiento nominal e
icnográfico, la burda exposición y exhibición de estos pueblos y mujeres
históricamente invisibilizados(as), sin modificar la estructura organizacional
de la sociedad en pro del reconocimiento e inclusión participativa; la
diferencia necesariamente debe traducirse en oportunidad, en visibilización, en
participación, indistintamente de la posición desde la cual comprendamos
aquellos hechos del 12 de octubre que aún marcan el destino de nosotras como
mujeres.
El
reto de nuestras instituciones ha de ser la búsqueda de superación de la
discriminación excluyente y los tradicionales criterios asistencialistas del
estado burgués caritativista, la sociedad demanda su sustitución por políticas
afirmativas, en donde las mujeres se definan como hacedoras de sus realidades y
soluciones, mediante el apoyo de un estado y un complejo institucional
consolidado como apoyo, acompañante, y creador de condiciones, que en
consecuencia permitan la vindicación, protagonismo y participación de las
oprimidas, lo cual solo puede lograrse mediante la descolonización,
despatriarcalización, descapitalización y desracialización de las relaciones
social y del estado.
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